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  • Roberto Keil, abril 2007

    El documento desarrollado se centra en el impacto de los lineamientos del Comité de Basilea específicamente Basilea I sobre la Banca de Desarrollo tomando como referencia a un grupo de entidades de la zona latinoamericana. Los bancos de desarrollo quienes han tenido un papel primordial en el sistema financiero, principalmente, entre los 70s y 80s, han hecho frente luego a cambios trascendentales en los sistemas económicos dirigidos hacia una economía más de mercado con un mayor grado de apertura con el exterior (globalización). En paralelo, estos cambios que incidieron en el sistema financiero fueron acompañados por modificaciones en la forma de gestión de los intermediarios financieros (IFI) producto de la implementación de propuestas planteadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea respecto al manejo prudencial y los niveles de capital mínimo exigido recogidas en el documento Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital" emitido en Julio de 1988 y en modificaciones posteriores. Este lineamiento, tomado en consideración casi desde el inicio por los órganos supervisores de nuestros países ha obligado a las IFIS a adoptar mecanismos dirigidos a la implementación de medidas de riesgo de crédito con un mínimo de capital de 8%. Esta metodología tiene como objeto medir el riesgo crediticio según la estructura de activos mantenido por una entidad bancaria. Definida la Banca de Desarrollo como objeto del estudio como aquellas instituciones que en su conjunto corresponden a uno de los principales instrumentos de los que disponen los países de la región para impulsar el objetivo crecimiento con equidad social. El segundo paso ha sido incorporar la medida de solvencia propuesta y analizar el grado de cumplimiento. Esta medida ha sido uno de los elementos importantes, pero no el único para evaluar el desarrollo de los Bancos de Desarrollo, como objeto de estudio y su potencial crecimiento en el mercado financiero actual con el elevado grado de competencia pero con la marginalidad persistente de ciertos sectores que o no son atendidos por la banca comercial o lo son en condiciones poco eficientes y con segmentos potencialmente explotables como pymes, microfinanzas, financiamiento de proyectos, fideicomisos y otros."

  • Humberto Campodónico, marzo 2007

    En este estudio se evalúan los resultados de las empresas públicas de petróleo en países de América Latina donde existe una predominancia de presencia estatal en la exploración y explotación "upstream" del sector hidrocarburos; aunque para algunos casos también se analizan aspectos del sector transporte, distribución y comercialización "downstream". Para lo cual se han seleccionado los casos de Brasil, Chile, México y Venezuela.

    En cada uno de los casos se analizan, en primer lugar, las modificaciones legales ocurridas en los últimos años en el sector "upstream", las mismas que establecen la política de cada país en el sector hidrocarburos. Para evaluar los resultados de la gestión estatal en estos países, se analizan las inversiones realizadas en el sector "upstream" y su impacto en las reservas y producción de petróleo. Asimismo, se analizan los indicadores financieros de estas empresas estatales, así como también se estudia el impacto fiscal de la política del sector hidrocarburos y su orientación en el gasto social. También se analizan las políticas de internacionalización e integración energética, donde corresponde.

  • Lorenzo Eguren, febrero 2007

    El objetivo del presente estudio es analizar el comportamiento del mercado de créditos de carbono en América Latina y las oportunidades para la promoción de proyectos de energías renovables ofrecidas en el marco de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto (como es el caso del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL), con particular referencia a los biocombustibles.

  • José Roberto R. Afonso, febrero 2007

    Mudanças recentes em práticas e políticas públicas apontam no sentido de uma nova centralização fiscal, que assume características e intensidade diferentes de um para outro país. A globalização aumentou as disparidades e o sistema fiscal passou a ser chamado mais a adotar mecanismos que reduzam estas diferenças. O desafio de prestar serviços públicos mais eficiência e maior eficácia requer atenções maiores para políticas sociais. Relações intergovernamentais precisam ser repensadas - em particular, por conta da tendência do governo central se relacionar diretamente com as esferas mais inferiores de governo, reduzindo ou até mesmo dispensando a interferência da esfera intermediária de governo. O Brasil ainda tem um agravante - o baixo crescimento econômico nos últimos anos, abaixo até da média latina. Para compensar tais efeitos, e também a estrutural pobreza e desigualdade, na última década foram criados e cresceram diferentes programas públicos de transferência de renda. O governo central se tornou rapidamente o principal financiador e executor direto de tais programas, especialmente após consolidar vários em torno do chamado Bolsa Família. Isto levou a um relacionamento direto com os beneficiários (fora da previdência social) e relegando os governos locais a um papel marginal - cuida apenas do cadastro (já os governos estaduais, nem isso), ou seja, constitui um novo desafio para a descentralização. Requer maiores reflexões sobre os arranjos federativos, os resultados sociais e os custos fiscais, as novas relações políticas e federativas e, o principal, sobre a cidadania e a governança dos governos subnacionais. A maior preocupação é que tais programas assistenciais careçam de uma abordagem integrada com outras políticas públicas sociais, bem assim as de desenvolvimento regional, de modo que permitissem enfrentar a questão estrutural e, no médio ou longo prazo, com a aceleração do crescimento e a criação de mais empregos, os benefícios assistenciais pudessem ser reduzidos. Portanto, o avanço dos programas de transferência de renda, sobretudo em região com crônica pobreza e desigualdade como a latina, trouxe desafios e questões relevantes para o federalismo e a descentralização fiscal ainda não analisadas e respondidas com a profundidade exigida. A questão básica é: quais são as repercussões da criação e da ampliação pelos governos centrais de programas de transferência de renda social para as relações intergovernamentais e para a divisão federativa de recursos e gastos?

  • Gonzalo Delacámara y Diego Azqueta, febrero 2007

    El marco de análisis que se desarrolla en este trabajo se construye inicialmente sobre dos pilares asimétricos: el enfoque de la ruta de impacto (propio de la metodología del proyecto ExternE (EC, 1995a-e; 1998a-b), e implícito en la metodología de los modelos del mundo uniforme; Spadaro y Rabl, 1999a), y el análisis del ciclo de vida.

    La metodología empleada tradicionalmente para el cálculo de costos externos se construye sobre la base de funciones de daño o rutas de impacto. La valoración, en ese contexto, parte del cálculo de emisiones (mediante la aplicación de métodos homogéneos que permitan comparaciones ulteriores), para avanzar, posteriormente, en la estimación del incremento en la concentración de los contaminantes en el medio. Finalmente, se integran en el marco del análisis económico los resultados obtenidos en términos físicos, producidos a partir de la explotación de los datos de referencia sobre emisiones y cargas ambientales, con el área de impacto (a partir de datos sobre la densidad y las características básicas de los diferentes medios receptores) para identificar exactamente aquellas categorías de impacto sobre las que habrán de centrarse los esfuerzos de valoración. En definitiva, este método (y sus variaciones) identifica todos los impactos producidos y los cuantifica en términos físicos, para asignar posteriormente valores en unidades monetarias y calcular el daño real (que, en términos económicos, será siempre el valor monetario de variaciones positivas o negativas de bienestar ante modificaciones de la calidad ambiental).

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