Equidad distributiva 2013

  • Oscar Cetrángolo y Ariela Goldschmit, diciembre 2013

    El presente estudio realiza una reevaluación de los procesos de descentralización en la Argentina a partir de la introducción de importantes programas de transferencias condicionadas con posterioridad a la crisis de principios de siglo. De manera específica, estudia los cambios en las modalidades de descentralización durante los últimos diez años, y el papel de cada nivel de gobierno en el diseño, instrumentación y financiamiento de la política social.

  • Ehtisham Ahmad, octubre 2013

    Estrategias de crecimiento sostenibles dependen críticamente de la función del Estado en las diferentes sociedades, y las estructuras de incentivos asociados a los acuerdos institucionales alternativos. En particular, en los países de varios niveles, la estructura de incentivos es aún más importante para generar cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. Bajo estas circunstancias, las estructuras organizativas importadas de los países avanzados podrían no funcionar según lo esperado y podrían generar incentivos perjudiciales. Este documento se centra en las instituciones y la gobernanza como condición previa para el crecimiento sostenible.

  • Carlos F. Maldonado Valera y Andrea F. Palma Roco, septiembre 2013

    La reforma al sistema previsional de Chile aprobada en 2008 durante el gobierno de Michelle Bachelet (2005-2010) ocurrió tras una larga negociación que desembocó en una propuesta que obtuvo el apoyo de las principales coaliciones político-electorales e incluyó a la oposición. La trascendencia de dicha reforma estriba en que se trataba de un sector emblemático de política pública que hasta ese momento había sido objeto de controversia, se mantenía sin cambios estructurales y encarnaba como pocos el giro al modelo económico impuesto durante el régimen militar. Asimismo, dado el volumen de recursos financieros movilizados por el sistema previsional de capitalización individual instaurado en 1981, se trataba de un sector en donde pesaban actores privados con gran influencia —la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones—que hasta entonces habían pugnado por no modificar el sistema, particularmente en su dimensión social. Finalmente, se trató de una reforma con implicancias fiscales y sociales de primer orden, pues buscaba colmar vacíos de cobertura, igualar condiciones de acceso, garantizar pisos mínimos de bienestar durante la vejez, fortalecer un pilar solidario en el sistema de pensiones y darle mayor injerencia regulatoria al Estado dentro del sistema.

  • Carlos F. Maldonado Valera, septiembre 2013

    Este estudio aborda el proceso político-institucional relacionado con la negociación, aprobación e implementación de la Ley General de Desarrollo Social en México, adoptada con el apoyo unánime de todos los partidos en 2003. Esta ley definió un marco institucional para una política nacional de desarrollo social, estableció lineamientos para la medición multidimensional de la pobreza, la evaluación externa de todos los programas sociales federales y la definición del monto del gasto social federal, mediante reglas que buscaron evitar reducciones drásticas de este. Tras algunos antecedentes sobre la dinámica de cambio político en México y sobre la política social federal, se describe el proceso de negociación de la Ley (2000-2004), la controversia constitucional en torno a su reglamento (2006-2008) y su implementación inicial. Posteriormente, se analizan los actores, estrategias y prácticas, factores y marcos conceptuales que entraron en juego a lo largo del proceso, y se proponen varias lecturas con el fin de explicar el consenso “improbable” que dio origen a esta Ley. Lo anterior en vista de que desde 1997 persiste una situación de ‘gobierno dividido’ —gobiernos sin mayorías legislativas— en donde la unanimidad es poco frecuente. Con respecto a la controversia constitucional sobre el reglamento de la LGDS, se destacan las querellas en torno a las implicancias de la Ley para la focalización o universalización de la política social federal, el cumplimiento de los derechos sociales establecidos en la Constitución y las facultades del Gobierno Federal para medir la pobreza, entre otros.

  • Carlos F. Maldonado Valera y Andrea F. Palma Roco, septiembre 2013

    Este documento presenta el proceso que llevó a la aprobación de la nueva Ley de Asignaciones Familiares del Uruguay, una reforma que reviste un doble interés. Por una parte, se trata de un cambio de rumbo importante en materia de política social en un contexto de crisis económica y de cambio de coalición gobernante. Por otra parte, como proceso de generación de pactos y consensos, se trató de una iniciativa aprobada por unanimidad, algo significativo ya que el apoyo de la oposición no era una condición estrictamente necesaria para su implementación, dado que el gobierno contaba con una amplia mayoría legislativa.

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